Notas de prensa

La matanza de 27 campesinos, el pasado 15 de mayo, en una finca agrícola del municipio guatemalteco de La Libertad, ha provocado un clima de inseguridad que pone en peligro las vidas y los medios de vida de la población civil en el Departamento de Petén.

El presidente del país, Álvaro Colom, ha decretado el estado de sitio en los 12 municipios del Departamento de Petén, incluidos los de San Luis, Dolores y Poptún, al sur, en los que Global Humanitaria impulsa el desarrollo comunitario desde 2003.

Integrantes de las comunidades y los medios de comunicación habían denunciado previamente la presencia en la zona de miembros los Zetas, un clan de traficantes a quienes atribuyen la matanza de La Libertad.

La criminalidad asociada a la delincuencia común es una de las vulneraciones de Derechos Humanos más importantes que afectan a Guatemala. Durante 2009, según datos oficiales, cada mes fueron asesinadas un promedio de 430 personas por arma de fuego o arma blanca. 

El propio Ministerio del Interior de Guatemala ha admitido que la mayor parte de las muertes tanto en esta nación como en las restantes de Centroamérica están vinculadas a las actividades del narcotráfico.

Inseguridad y alternativas

Hasta la fecha, la violencia por delincuencia común había estado restringida a las ciudades, tal como explica Gladys Paz, directora nacional de Global Humanitaria: “en los cascos urbanos y marginales se vive con temor, los  habitantes evitan circular en horas nocturnas”. Señala, sin embargo, el temor de que “la inseguridad provocada por esta situación afecte al turismo, que es vital como fuente de ingresos en el Departamento”. El ejército está desplegado en las carreteras y ha detenido a algunos de los presuntos responsables. 

La falta de alternativas está en el origen de esta violencia: “la falta de recursos económicos y de empleo conlleva que las personas se involucren en actos delictivos”, señala Gladys.  La proximidad con México implica, además, “que el Petén ha sido por años el corredor del narcotráfico, y cada día la selva petenera se utiliza por parte de estos grupos”.

La escasez de tierras para la agricultura lleva a muchos campesinos a trabajar como jornaleros para terratenientes, algunos de los cuales prestan sus fincas para el narcocultivo, según ha señalado recientemente el periódico local La Hora.

La declaración del estado de sitio, con una duración prevista de un mes, ha provocado que se limiten a horario diurno los movimientos del personal de Global Humanitaria en las comunidades del Petén, tanto para tareas de supervisión de proyectos como de apadrinamiento.

Convergencia por los Derechos Humanos, una plataforma que agrupa a siete organizaciones de este ámbito en Guatemala, ha rechazado la medida del estado de sitio y ha reclamado una operación de requisado de armas en manos de particulares en todo el departamento de Petén, una mayor presencia de los cuerpos policiales y una depuración de aquellos elementos de las fuerzas de seguridad y el Ejército que pudieran estar involucrados con el narcotráfico.

Oficina contra la Droga y el Delito

La gravedad de la situación llevó a la apertura en Guatemala, en 2010 de una Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de, “fortalecer el sistema de justicia e investigación criminal” en este país centroamericano. 

El propio presidente de esta oficina, Antonio María Costa, ha constatado que “La corrupción, la pobreza y la capacidad limitada del sistema judicial hacen que Guatemala sea extremadamente vulnerable al crimen organizado”.